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Los archivadores 19 nov. 2013 18:09 JUMILLA-BLOG

«Casos sobreseidos»
 


Pasó con el “caso Naseiro”, pasó con el “Caso Fabra” (aunque se reabrió y ahora se está juzgando, totalmente descafeinado y ridículo), y así un largo etcétera.
Estamos hablando de archivar las causas contra las estafas que los cargos públicos (políticos o financieros) han hecho durante sus mandatos, siempre en cooperación, necesaria, con algún “emprendedor”. El funcionamiento siempre es idéntico: gestor sin escrúpulos, que considera suyo el puesto que ostenta, conoce a empresario arribista dispuesto al riesgo por llenarse rápido los bolsillos; sintonizan, se comprenden, se calan y,… a robar al ciudadano.
Puedo decir por experiencia que, cuando a un político le notan que no se va a dejar sobornar, raramente le hacen propuestas deshonestas. Yo, personalmente, siguiendo, además, el consejo de una buena persona de derechas, así lo hice, y puedo asegurar que todo el mundo se guarda de ti. Hasta llegas a dudar de que el soborno ocurra en la vida pública. A la vista está, que la realidad me lo desmiente.
Pero, queremos centrarnos en la tendencia a archivar las causas que se abren contra los cargos públicos. Si nos damos cuenta, en la mayoría de los casos, y más, cuanto más alto es el cargo, o poderoso el empresario, las causas se quedan en nada, o se archivan por tal o cual resquicio legal. El mecanismo también es de Perogrullo: se abren las causas tarde, con lo que están prescritos los delitos; se torpedean las instrucciones de los jueces, e incluso se les acusa e prevaricación para quitarselos de encima; la fiscalía (que en teoría debería defender el bien común y público) se pone del lado del poderoso; el gobierno destina pocos recursos para que se investiguen los delitos, con lo que se hace imposible el recoger las suficientes pruebas para castigarles; a los servicios de inspección no se les deja libertad para hacer su tarea o se les condicionan los informes; los jueces no disponen de expertos suficientes para investigar los delitos económicos, y así un largo etcétera.
El resultado es sencillo, todo queda en agua de borrajas y se van de rositas cada uno a su casita. Los ciudadanos, que estábamos esperanzados al ver que, por fin, se iba a juzgar a los culpables, nos quedamos con cara de tontos, equivalente a la cara de satisfacción de los tramposos.
Y es que los gobiernos son los primeros “archivadores” del reino. Bien porque no cambian las leyes que evitarían estas vergüenzas, bien porque ponen a la fiscalía al servicio de otros agentes archivadores, bien porque, en último extremo, indultan a los sinvergüenzas juzgados y sentenciados.
Y en este artículo quiero denunciar, por enésima vez, que ya se han quedado en nada los trajes de Camps y el despilfarro de Rita Barberá en Valencia, que se quedará en nada el juicio contra Carlos Fabra en Castellón, que se quedará en nada o en casi nada el caso Bárcenas, que se quedará en nada el caso del los ERE/s en Andalucía, que se quedará en nada el Caso Urdangarín, que lo mismo ocurrirá con el caso Brugal (basuras en Alicante), que ya no nos acordamos del caso Zerrichera, igual que se diluye el escándalo de la financiación de CIU a través del Palau de la Música, que con el aeropuerto de Corvera hay un enredo del que nadie se hará responsable (la última pedir una indemnización multimillonaria que hace reír a los demandados), y así un largo etcétera.
Y a todo esto, aquí no dimite ni dios. Perdón, Dios no, porque sí lo hizo su representante en la Tierra, que no es moco de pavo.

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